Casi la mitad de ellos, en total 547, habita en los 19 institutos que tiene la provincia de Buenos Aires. Desde 2009 hasta la actualidad se evidenció una tendencia de reconversión de centros semiabiertos hacia regímenes "cerrados".
por María Aguirre
Al menos 1300 adolescentes están privados de su libertad en unidades, comisarías de menores e institutos para jóvenes “en conflicto con la ley” de todo el país, en una coyuntura arrastrada durante décadas, que muestra pocos avances en términos de derechos para esa población de niños, la vigencia de regímenes punitivos y la falta de estadísticas confiables.
Argentina carga con dos realidades nefastas: es el único país de Latinoamérica que carece de un régimen de responsabilidad penal juvenil acorde con la Convención de los Derechos del Niño y mantiene vigente un decreto-ley de la última dictadura militar que no garantiza el estado de derecho para los niños y adolescentes en conflicto con la ley.
A esto se suma que no existen estadísticas fidedignas sobre la cantidad de chicos privados de su libertad en el país y, mientras registros oficiales a los que accedió Télam, contabilizan 1305 adolescentes en los 24 distritos, Unicef había detectado hasta diciembre del año pasado unos 2.915 niños en programas de “supervisión en territorio”, otros 871 en unidades de privación absoluta de libertad y 122 en establecimientos de restricción de libertad.
La coordinadora del Equipo de Trabajo de Niños, Adolescentes y Jóvenes privados de Libertad de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN), Marina Chiantaretto, aseguró a Télam que “no hay datos fiables ni actualizados” y que “no existe claridad en los números” porque los informes varían según los organismos que los difunden y según comprenden la situación tutelar o de conflicto con la ley de los adolescentes.
“Hay cajas negras de datos en Mendoza, Buenos Aires y Córdoba, entre otras provincias”, graficó Chiantaretto y resaltó que la PPN está realizando un recuento nacional de todos los adolescentes en conflicto con la ley, luego de que la Corte Suprema habilitara este año a la Procuración para supervisar los centros e institutos de menores, donde hasta ahora tenía vedado el ingreso.
De acuerdo con documentación de los organismos de los 24 distritos encargados de velar por los chicos en conflicto con la ley, existen 1.305 adolescentes de hasta 17 años alojados en establecimientos cerrados.
Casi la mitad de ellos, en total 547, habita en los 19 institutos que tiene la provincia de Buenos Aires y, de ellos, los más poblados son los centros de Lomas de Zamora (79 chicos), Malvinas Argentinas (58), Nuevo Dique (47) y Almafuerte (38), estos últimos dos de régimen cerrado, una modalidad que creció en los últimos meses en el distrito.
Sin embargo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tiene anotados 619 jóvenes en 27 centros bonaerenses y alertó que en la mayoría se implementa un “sistema carcelario”, lo que resulta violatorio de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
En diálogo con Télam, el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, señaló que desde el 2009 hasta la actualidad se evidenció una tendencia de reconversión de centros semiabiertos hacia regímenes “cerrados”, donde los chicos padecen situaciones de “aislamiento e inactividad”.
Córdoba está segunda -detrás de Buenos Aires- en el ranking de distritos con mayor cantidad de adolescentes presos: tiene 193 en seis complejos. Le siguen Capital Federal (111 chicos en cuatro institutos); Mendoza (91 pibes en un solo centro); Santa Fe (79, en seis unidades); Salta (57, en cuatro); y Tucumán (50 adolescentes en sólo dos).
De esos registros surge como curiosidad que Buenos Aires, con algo más de 15 millones de habitantes, tenga 547 chicos encerrados, mientras que Jujuy, con apenas 673 mil habitantes, registre 30 adolescentes detenidos, y Salta, con una población de 1.200.000 personas, 57.
Según los documentos oficiales, en Jujuy, 27 de los 30 chicos privados de su libertad están detenidos en la “comisaría del menor”, una denominación rechazada de plano por los estándares internacionales sobre derechos de niños, niñas y adolescentes.
En este complejo panorama, organismos del Estado, asociaciones civiles, especialistas y defensores oficiales de tribunales de menores coinciden en que el régimen penal de la minoridad vigente es un “resabio del modelo tutelar”, en el que los niños son considerados objetos de protección, en vez de sujetos plenos de derecho.
“El decreto de Videla autoriza a tratar a los menores de edad fuera de la Constitución y del estado de derecho y permite -aunque tengan menos de 16 años y se los nombre como inimputables- que puedan ser internados si están en peligro moral o material (es decir si son pobres); el peligro y no la comisión de un delito es propio de estados totalitarios”, juzgó Laura Mussa, directora de Fundación Sur Argentina, dedicada a promover y defender los derechos humanos de niños y adolescentes.
Para la abogada Deborah Dobniewski, asesora de la subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia, “se cosifica a los niños, niñas y adolescentes y se los aparta groseramente de los lineamientos internacionales sobre derechos humanos”.
El decreto de Videla “pregona un sistema con menos garantías que las de los procesos de adultos, confunde comisión de delitos con protección de derechos y permite continuar con una justicia no especializada (contraria a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño), donde la prisión preventiva puede ser la regla y las medidas alternativas escasean”, explicó a Télam Dobniewski.
“Lo conflictivo de establecer un régimen penal juvenil es la edad de imputabilidad y eso atraviesa a todos los partidos políticos porque ningún bloque votaría en forma homogénea”, opinó el defensor oficial y miembro de la Comisión de Infancia de la Defensoría General de la Nación, Damián Muñoz, en diálogo con esta agencia.
“Bajar la edad de imputabilidad sería un retroceso en materia de derechos humanos; existe un principio de no regresividad que establece que cuando un Estado tiene un standard de garantías de derechos está prohibido retroceder en ese sentido”, argumentó Muñoz, para quien “no es la panacea de la seguridad bajar la edad a 14 años, ni es la panacea del garantismo dejarla en 16”.
La titular de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), Yael Silvana Bendel, remarcó que “es un derecho” la inimputabilidad de los menores de 16 años y advirtió que “se vulnera ese derecho cuando se encierra a esos niños bajo regímenes cerrados”. “Si se baja la imputabilidad se está bajando un piso de derecho”, insistió ante Télam.
Además, a 27 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, que Argentina suscribió, y a 11 de la sanción de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños y Adolescentes (26.061), el Congreso Nacional todavía no designó al Defensor del Niño, una figura clave creada en esa norma para asegurar el “resguardo y protección jurídica” de los menores de 18 años.
(*): Del equipo de Investigación de la agencia Télam.